Análisis coyuntural
de la política de drogas y posicionamiento de AREC frente al procesamiento del
ex jefe de la Policía de Santa Fe, Hugo Tognolli.
El procesamiento del Jefe de la
Policía de la Provincia de Santa fe, Hugo Tognolli por involucramiento con el
tráfico de sustancias ilícitas es una prueba más de la ineficacia de la actual
ley de estupefacientes 23.737 y la implicación profunda y de larga data de las
fuerzas de seguridad en el narcotráfico. La remoción y procesamiento de Romero,
Jefe de la ex drogas peligrosas y otros 22 agentes por delitos relacionados, es
otra muestra de esto.
Exigimos que se esclarezca el
caso, y que la investigación alcance a todos los implicados.
Es imperativo poner límites al
autogobierno policial que originó este problema que es de una gravedad
Institucional inusitada.
Tienen que colaborar todos los
sectores políticos, que exista fiscalización social y participación de
Asociaciones Civiles y ONG's. Debemos comprometernos todos los actores para
coordinar un plan de acción que reforme estructuralmente a la policía de la
provincia. Que se profesionalice la carrera policial, con mejores sueldos,
equipamiento adecuado y formación consistente en Derechos Humanos. Se debe
rediseñar el sistema de seguridad pública y policial y que se produzca una
intervención civil de la fuerza. Está a la vista el riesgo institucional de
dejar todo en manos de la propia policía. Una policía judicial, independiente
de la corporación policial, compuesta por civiles, que sea la encargada de
investigar la corrupción y violencia institucional.
El fenómeno del narcotráfico
enquistado en la sociedad no está constituido sólo por una institución policial
corrompida. En nuestro país, según un estudio de la ONU en la frontera
Argentina, un kg. de cocaína cuesta entre USD 2600 a 7000 y el kg. de marihuana
USD 200 a 300, para sostener el consumo en los centros urbanos, se necesitan de
grandes inversores. Los empresarios responsables de estas inversiones también
realizan otro tipo de actividades económicas para lavar el dinero (ej: negocios
inmobiliarios, concesionarias, etc). Estos grandes montos de dinero requieren
para su blanqueo de numerosos bancos, empresas de seguridad privada para su
traslado, y profesionales universitarios para su administración (contadores,
abogados, empresarios). Y también la complicidad de ciertos sectores del Poder
Judicial, que ya sea por omisión o directamente por complicidad, no investigan
las cabezas de las organizaciones.Del “soldadito de bunker” al las grandes
instituciones, pasando por el gran empresario y el policía en jefe, la red de
complicidad atraviesa todas las capas sociales y grupos etarios. Pero la
investigación seria sobre el narcotráfico debe apuntar arriba. A las
instituciones -estatales y no estatales- y a los dueños de los grandes
capitales implicados.
La problemática del narcotráfico
es global, trasciende las fronteras de nuestra provincia o de Argentina. La
guerra contra las drogas ha resultado inefectiva en relación con los objetivos
explicitados, la disminución de la oferta y la demanda, y ha producido la
penetración del Estado por redes criminales en constante crecimiento. Y la
criminalización del consumo de sustancias ilícitas ha agravado el deterioro
social relacionado con la problemática, manifestado en récord de
encarcelamientos, estigmatización y costo en vidas humanas.
En México, alumno modelo de “la
guerra contra las drogas”, la estrategia de enfrentamiento por la vía armada
dejó un saldo de 50.000 muertos en 6 años.
Los países que han adoptado
políticas decriminalizadoras o de tolerancia, desde diferentes enfoques, han
tenido mejores resultados en relación a la disminución del abuso de sustancias,
como Holanda, Portugal o Uruguay. Estos dos últimos están debatiendo proyectos
para la legalización y regulación del cannabis por parte del Estado,
“disputándole el mercado al narcotráfico” en términos económicos, según
palabras del propio Presidente de esa nación.
Este es un momento histórico para
modificar el paradigma en políticas de drogas. La revalorización de la política
nacional y el avance en función de los intereses autónomos económicos y
sociales nos permite cuestionar como región la validez de una guerra cuyos
objetivos son insostenibles y contradictorios.
La división actual entre medicamentos
legales y drogas ilegales obedece a los intereses hegemónicos del imperio y la
corporatocracia producto del devenir histórico; no tienen que ver directamente
con las cualidades farmacológicas de las sustancias. Según revisiones
científicas actuales las drogas están clasificadas falazmente de acuerdo a su
toxicidad. Esta división falaz que deriva de la conveniencia de los actores
institucionales y no de la naturaleza en sí de las drogas como objeto, o sea
que tan tóxica para el individuo o su relación con el trabajo, familia u otras
actividades sociales. La relación simbólica producto de los intereses
hegemónicos está fundada en prejuicios y estereotipos, es funcional al poder
fáctico y reproduce situaciones de vulneración de los derechos humanos.
En Argentina es mayoritaria la
desinformación sobre las sustancias ilícitas. Esto no es casual, sino producto
de leyes como la signada por López Rega con la sanción de la ley 20.771,
profundizando estas políticas en la dictadura cívico militar, que en muchos
casos fue la encargada de diagramar las futuras rutas de cocaína y marihuana de
nuestro país. Así como el fortalecimiento y “democratización” de la corrupción
policial en el neoliberalismo menemista, que junto a la maquinaria de
propaganda de la guerra contra las drogas, colonizaron el imaginario social. La
educación laica y basada en evidencia científica son fundamentales para llevar
proporcionalidad a la visión social del consumo de sustancias psicoactivas.
La prohibición del consumo de
sustancias ilícitas aumenta el daño de los tóxicos en sí. Es conveniente
quedarse con el concepto de que cuanto más tóxica es una droga de consumo
humano peor es el resultado de la prohibición de su consumo, teniendo al
alcohol y la ley seca como ejemplo histórico. Y si atendemos a la toxicidad
específica de la sustancia, estudios científicos multicriterio actuales evalúan
que la droga de consumo humano más tóxica y peligrosa es el alcohol, no
habiendo correspondencia entre la peligrosidad de las diferentes drogas (personales
y sociales) en relación su clasificación en la “lista de sustancias
controladas” de la DEA. El tabaco también tiene un potencial de dependencia y
de daño mucho mayor que sustancias hoy ilícitas. Dicho de otra manera, la
clasificación actual de las sustancias psicoactivas de acuerdo a su toxicidad
casi no guarda relación con la toxicidad real (personal y social) que produce
su consumo, de acuerdo a los datos científicos y estadísticos actuales.
Al poner el acento en la
personificación y demonización de la droga y el “combate” de la “guerra contra
las drogas”, se desvía la atención de una posible solución más compleja, basada
en la prevención, la inclusión social mediante el acceso a la educación,
trabajo, salud, libre acceso a la información, disminución de la brecha entre
ricos y pobres, y otras variables. El origen de la adicción es multicausal y
una de las formas de intervenir sería mediante políticas públicas que corrijan
los desajustes socioeconómicos de las sociedades contemporáneas. Estas deberían
ser integrales, orientadas fundamentalmente hacia la educación, el desarrollo,
el respeto por los derechos humanos y la salud pública; generando acciones que
desalienten el consumo de sustancias, fomenten la prevención y promoción de la
salud, atiendan la realidad de cada comunidad.
Reclamamos el urgente debate y
aprobación de la ley de Prevención y Tratamiento de las Adicciones. En este
sentido se debe profundizar en toda Argentina iniciativas como la de la Cátedra
Zaffaroni de la UBA para articular acciones que mejoren la empleabilidad de las
personas en proceso de tratamiento por el consumo de sustancias psicoactivas.
También la iniciativa del Senador Salvador Cabral de impulsar una ley de
regulación del cannabis similar a la que se presentaría Uruguay.
Se debe priorizar el tratamiento
legislativo de la ley de drogas y la modificación del código aduanero, que aún
sigue considerando a los adictos criminales, y por ende vulnera su acceso a la
salud, derecho humano básico. Existen proyectos presentados de modificación de
todo el arco político, que darían herramientas básicas para modificar el status
quo en virtud de un menor costo social e Institucional.
Pero aún en las condiciones ideales de vida, el ser humano
recurre a determinadas sustancias (algunas de ellas prohibidas), por motivos
diversos, desde narcisismo y disfrute estético, búsqueda de paz o de energía, o
reconexión con lo espiritual o lo ancestral. La mayoría de los consumidores de
sustancias ilícitas no tienen un trastorno de adicción, son usuarios.
Por ello sostenemos que la única
manera real de terminar con el problema del narcotráfico en respeto de los
Derechos Humanos es regular el acceso a todas las sustancias hoy ilegales
La responsabilidad del Estado
Argentino es llevar el debate al seno de los organismos internacionales como la
CELAC o la UNASUR, para idear formas de regular el acceso como bloque regional.
La regulación de todas las drogas es la única manera de terminar con el
narcotráfico, y es una tarea que involucra a múltiples actores de la región. En
el caso del cannabis, el cultivo personal y también colectivo, en forma de
asociaciones de autocultivadores, puede contener la mayor parte de la demanda.
En el caso de otras drogas, los Estados y las Organizaciones Sociales deben
darse un debate profundo para imaginar maneras posibles de regulación: desde
clubes cerrados de consumidores que producen determinada droga para consumo
personal sin fines de lucro y con fiscalización estatal, hasta producción,
distribución y venta a cargo del Estado por medio de farmacias regulares o
especializadas. En el caso de la producción con fines de lucro la participación
en estos procesos por parte del Estado puede pensarse desde una fuerte
regulación hasta el control total del proceso de producción y distribución.
Esta aproximación, que puede
resultar escandalosa para algunos, es lo que en realidad ocurre; hay un
Terrorismo de Estado que regula el tráfico de drogas y alimenta sus cajas
negras. No hay lugar en la sociedad donde no se acceda a las sustancias ilícitas;
la máxima expresión de control por parte del Estado, las cárceles de máxima
seguridad, son permeables a las drogas ¿es racional pensar lograr éxito en
nuestra sociedad mediante la vía punitiva?
Con la regulación se evitarían
los nichos de corrupción en las Instituciones y se podría disponer de amplio
financiamiento para la redistribución, inversión social y desarrollo. Y sería
una manera efectiva para que el Estado pueda abordar al consumidor
problemático, contenerlo, brindarle un canal que pueda vehiculizar las
carencias que intenta llenar con sustancia, además de hacerlo visible y
posibilitar su integración.
La regulación dificulta el
acceso; es hoy más fácil para un adolescente conseguir cocaína o marihuana que
morfina u otras drogas reguladas. El mercado negro no distingue ni protege a
las poblaciones especiales, un acceso correctamente regulado sí. Los países que
despenalizaron el consumo tienen menos abuso que los países prohibicionistas.
Por otro lado la mayoría de los
consumidores de drogas ilícitas son usuarios, no manifiestan daño personal o
social significativo por su consumo, más allá del posible estigma y riesgo
legal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación con su fallo del 2009
consideró que el consumo de cualquier sustancia está amparado en el principio
de reserva de nuestra Constitución Nacional (Art. 19 CN), y en el principio del
libre desarrollo de la personalidad del Art. 22 la Declaración Universal de los
Derechos Humanos también lo resguarda. Si consideramos que esta práctica está
inscripta en los derechos naturales es deber de los Estados asumir la
regulación de todas las sustancias psicoactivas.
Argentina es un ejemplo para el
mundo en relación a la jerarquización y desarrollo de Derechos Humanos, el
juzgamiento de los crímenes de la última dictadura cívico-militar, la procura
de verdad, memoria y justicia. Es éste el momento donde el espíritu de los
tiempos nos desafía a buscar nuevas formas de regular la relación de nuestros
pueblos con las sustancias psicoactivas. Y es aquí donde Argentina, en virtud
consolidacion democratica y el acrecentamiento de la autoconciencia nacional,
tiene la oportunidad histórica de idear y producir políticas de drogas que den
el marco a formas de relación más racionales, eficaces y respetuosas de los
derechos humanos.
Comisión Directiva de AREC
Direccion web: www.arec.com.ar
Email: contacto@arec.com.ar
Situada en la ciudad de Rosario, AREC es una asociación ciudadana interdisciplinaria sin fines de lucro, plural y horizontal, que aboga por la militancia y la lucha para la implementación de un nuevo paradigma en políticas de drogas que permita avanzar hacia un modelo social y estatal más inclusivo, humanista y democrático, basado en un discurso científico actualizado y veraz que respete los derechos humanos y las garantías constitucionales de los ciudadanos.
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